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Por: Roberto Domínguez Cortés/ Impacto

 Poder Judicial de Chiapas fuera del orden Constitucional
 Consejeros y magistrados sujetos de responsabilidad penal.

 Cuando el 12 de agosto de 2008 le advirtieron a Juan Sabines que Mario Antonio Ruiz Coutiño no podía ser magistrado del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, entre la irresponsabilidad y el desprecio por la ley vociferó: “¿Qué acaso no soy el gobernador para hacerlo magistrado?” Y en seguida se dirigió con marcado autoritarismo a sus interlocutores: “¿Cuál es el tema siguiente?”

 Quedaba así consumada la infamia jurisdiccional más grave al orden Constitucional de la entidad chiapaneca. Ya en colaboración anterior se hizo mención que Ruiz Coutiño no cumplía con la edad mínima de 35 años y 10 años con título y cédula profesional de licenciado en derecho. Al día de su nombramiento tenía 34 años y apenas seis años con título y cédula profesional.
 El atentado a las instituciones republicanas era evidente. Sin ningún recato y respeto por el Estado de derecho se pasaba por encima de los artículos 116 y 50 de la Constitución mexicana y la Constitución de Chiapas respectivamente.
 Lo divertido y chusco –si así se le puede llamar- era la procedencia de Ruiz Coutiño. Venía de desempeñarse como secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, un organismo preferente por el respeto a la ley y la protección irrestricta al ser humano en su integridad, es decir, vigilar a la autoridad para la siempre observancia de la ley.
Lo malo fue que al protestar como magistrado Constitucional, de inmediato daba, al Tribunal Constitucional, el carácter de anticonstitucional. Todas las actas, acuerdos, sentencias y aún asuntos de menor relevancia, firmados por Ruiz Coutiño, quedaron durante nueve años revestidos de inconstitucionalidad. Bajo ese supuesto irrefutable, Ruiz Coutiño, en vez de cursar nueve años de juez supremo debería responder como reo de usurpación. El aserto tiene impecable sustento penal.
El artículo 417 del Código Penal del estado reza textual: “Comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público, el servidor público o la persona que acepte o ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima del mismo.”
Pero para sostenerse en el cargo, Ruiz Coutiño tiene cómplices que por omisión también incurrieron en un ilícito penal. Al respecto el artículo 420, fracción IX, del mismo Código previene: “Cometen el delito de abuso de autoridad, los servidores públicos que teniendo conocimiento de cualquier delito, no lo denuncien inmediatamente a la autoridad competente o no lo hagan cesar inmediatamente, si ello estuviere en sus atribuciones.”
La responsabilidad penal es compartida y doble. Desde el momento que Ruiz Coutiño protestó ilegalmente el cargo quedaba, de oficio, a disposición de la autoridad competente. En tanto que los funcionarios de los poderes legislativo y judicial, también compartían responsabilidad penal por no denunciar la consumación de un delito, y por el contrario propiciarlo. El artículo 476 del Código Penal es determinante: “Incurre en el delito de encubrimiento quien no procure por los medios lícitos que tenga a su alcance impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, o no denuncien los que ya se consumaron, si son los perseguibles de oficio.”
Lo trágico de la administración de Justicia en Chiapas es que los poderes legislativo y judicial no sólo encubren, sino que participan y se ponen en el camino de ser otra vez coautores del delito, al pretender nombrar a un funcionario que de origen viene de la inconstitucionalidad y del pestilente establo del sabinato: Mario Antonio Ruiz Coutiño.
Así y aun cuando tomó posesión del cargo hace nueve años, su responsabilidad política y penal sigue vigente ante la imprescriptibilidad de los delitos que cometió. Coincidentemente los artículos 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la del Estado de Chiapas, previenen que los plazos de la prescripción se interrumpen, en tanto el servidor público se desempeña como magistrado. Ello quiere decir que para Mario Ruiz Coutiño la prescripción a su favor comenzó a correr a partir del 13 de agosto pasado, y como quedan varios años para enjuiciarlo, su destino debería de ser la cárcel y no la pretendida magistratura.
Acostumbrado el bandido de Juan Sabines a torcer el espíritu de la ley, también se le pasó la mano con Mario Enrique del Rayo Urbina López. Presidente de la primera Sala Penal, tomó posesión del cargo el 22 de agosto de 2012. Sólo que su cédula profesional número 5499226 con registro del año 2008, evidencia fehacientemente que estaba en aptitud de protestar el cargo hasta el año 2018, y sin embargo, lleva en ejercicio inconstitucional exactamente cinco años.
Juan Sabines puso el mal ejemplo y enseñó el camino para violentar el orden Constitucional. El 4 de agosto de 2017, la Comisión Permanente del Congreso del Estado, nombró a la licenciada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, magistrada de la segunda Sala Penal, del Tribunal Superior de Justicia. El nombramiento fue anticonstitucional, puesto que le faltaban 57 días para aspirar al cargo.
La todavía hoy magistrada había sido diputada local del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015. Las constituciones federal y del estado prohíben que quienes hayan sido diputados no pueden ser magistrados en el año inmediato anterior al día de la designación. Este aserto fue confirmado por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, quien en comunicado oficial aceptó que el nombramiento de Camacho Pedrero vulneraba ambas Constituciones.
Lo mismo sucedió con el todavía Consejero, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, José Octavio García Macías. Este “servidor público” fue presidente municipal del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015. Nombrado el 24 de agosto de 2016, le faltaban 37 días para poder protestar como Consejero.Ello bajo el principio de que quien haya sido presidente municipal, podrá ser magistrado hasta un año después de haberse separado del cargo.
En un intento fallido por enmendar el dislate Constitucional, el diputado Ramírez Aguilar comunicó el 25 de agosto de 2016, al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, que García Macías había sido nombrado el 24 de agosto, pero que tomaría posesión hasta el primero de octubre de 2016.
Con una interpretación a modo de la Constitución se vulneró doblemente la ley fundamental de Chiapas. A la letra dice que un presidente municipal no puede ser Consejero a menos que se haya separado del cargo un año antes del día del nombramiento y no a partir de la toma de posesión.
Así, el Estado de derecho está destrozado en Chiapas. Ello constituye una afrenta a la sociedad y un agravio a los magistrados y jueces de carrera, ante la improvisación, la impunidad, la imposición y el ataque permanente a la Constitucionalidad. Ampliaremos…
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