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Texto: Sergio Melgar.
Fotos: Cortesía.
Acuagranjas Dos Lagos SA de CV, es una empresa extranjera con mil 700 trabajadores a quienes no sólo les entrega menor sueldo del registrado en el IMSS y ante el SAT, sino les cobra la comida diaria y 80 pesos diarios por transporte, señala el abogado Raúl Cervantes Sánchez, asesor y líder del sindicato nacional de trabajadores de la industria alimenticia, gastronómica y similares de México.

En entrevista junto con algunos de los 158 extrabajadores que fueron despedidos de esa empresa el pasado 18 de septiembre, Cervantes Sánchez señala que además de que no hay uniformes, de que hay despidos injustificados, amenazas, les cobran 18 pesos por comida diaria cuando la empresa se la debe dar a los empleados, y les descuenta 80 pesos de transporte público (40 pesos de ida y 40 de regreso) y que el grupo de buzos no cuenta ni con camastros ni sillas para descansar así como cámara de descompresión.
Además, ya hubo un primer trabajador asesinado, el líder sindical Villaney Sánchez, a quien el otro líder de un sindicato blanco, Auber Gómez López lo amenazó de muerte y finalmente una camioneta lo embistió y provocó su muerte el pasado 3 de septiembre.
Todo, con la protección de dos funcionarios estatales: el ingeniero Marco Antonio Morales Liévano, director de asuntos a organizaciones sociales de la subsecretario de gobierno de la secretaría general de gobierno y de Salvador García Gálvez, encargado de asuntos sindicales de la secretaría del trabajo estatal.
Declaran sueldos mayores y pagan bajos salarios
El abogado Raúl Cervantes señala en entrevista que hay falta de uniformes, despidos injustificados, amenazas. Cuando llegan a protestar, les dicen a las personas que hay pérdida en dólares: “O me renuncias ahorita o te cobro en dólares”, les dice Víctor García, gerente de recursos humanos de la empresa.
“De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, por ser una empresa de alimentos, están obligados a dar una comida diaria, pero se las cobran a 18 pesos diarios la comida, las llevan en envases de unisel. A veces la comida llega en mal estado, por el calor, pero aún así la cobran. En el mes de junio pasado hubo una intoxicación de 80 trabajadores porque les dieron comida en mal estado”, subraya.
Pero ellos se deslindan de toda responsabilidad. Los trabajadores quieren su trabajo, por eso trabajan 14 horas al día, a veces hasta 16 horas, por un salario de 156 pesos diarios, les descuentan de impuestos.
Continúa: “Pero no cuadra con los salarios que tienen, el salario que ellos registran es este 228 pesos, pero es menor el salario. Simulan más gasto en nómina cuando no lo tienen, queriendo pegar al fisco, pero prefieren pagar más impuesto al Seguro, al SAT, pero con eso, pagan menos impuestos, porque les dan una bonificación fiscal, a los trabajadores les reporta un pago menor y al Seguro y al SAT les reporta un salario más alto, hay una diferencia de 100 a 150 pesos promedio, entre todos los 1300 trabajadores directos y los de confianza: son 1700 trabajadores directos en total”.
Del transporte al parecer no les descuentan nada, es una prestación, pero la empresa les dijo que les descuenta 80 pesos diarios de transporte por persona (40 de ida y 40 de regreso), los dueños de urbans les facturan a la empresa, no es lugar de fácil acceso, pero la empresa les encaja el colmillo por donde puede.
Cervantes subraya que Acuagranjas es propietario de las jaulas del puente Chiapas, pero esas jaulas tienen profundidad de 10 metros, pero las jaulas que tienen en Presa Peñitas, tiene una profundad de hasta 25 metros.
“Al equipo de buzos los obligan a bajar sin el equipo, llevan su tanque, pero no es el adecuado, hay filtración de agua en ojos, hay un buzo que le dio sinusitis, lo pasaron como alimentador, pero ya tiene ahora una sinusitis crónica. No hay cámara de descomprensión, de cuando salen de una profundidad de 25 metros. No tienen bancas donde sentarse, se cuestan en el piso, no hay camas”, indica.
Si uno de los trabajadores reclama o exige, los desvinculan de la empresa, les dan 2, 3 mil pesos, y no ha habido respuesta por parte de la Junta local de Conciliación y Arbitraje. En la Junta existen demandas que llevan cuatro años, tres años, el presidente de la Junta no le da salida a nada. El dueño de la empresa es un suizo, esta empresa está manejada por una mafia de gerentes hondureños, la mayoría son hondureños.
Los trabajadores-continúa- están convencidos de que hay vínculo entre gobierno del estado y la empresa, les dicen que hay que ir a secretaría de gobierno para buscar su indemnización, por la cuestión de ríos, es federal, no local.
Marco Antonio Morales Liévano, director de atención a organizaciones sociales de la subsecretaría de gobierno junto con Salvador García Gávez, encargado de asuntos sindicales de la secretaría de Trabajo, han amenazado a los 158 extrabajadores de que si demandan a la empresa, los van a meter al Amate, “les hace saber que hay carpetas de investigación penal contra ellos por haberle reclamado a la empresa, el pasado 18 de septiembre que hubo un despido masivo. Secretaría de Gobierno maneja que hubo un bloqueo, nunca hubo un bloqueo, querían explicaciones, hay gente que tiene 6, 7 u 8 años, dicen: si la empresa quiere que me vaya, me voy, pero que me pague una indemnización”.
El abogado y lider sindical se pregunta: ¿Qué va a pasar con 150 trabajadores, ante la Junta Federal, por despido injustificado, todos son sindicalizados, el problema que tiene la empresa, no se alinearon a la empresa con un sindicato blanco que creó la empresa y que maneja el gerente hondureño, Erick Baide, quien maltrata a los trabajadores chiapanecos y los amenaza con despedirlos”.
Ellos creen que el sindicato blanco está para que el sindicato corra a los trabajadores, el líder sindical es Auber Gómez López, es quien pone el dedo, él se bajó con arma en mano y amenazó al empleado Villaney Sánchez, a principios del mes de julio pasado. El 15 de julio, Villaney iba conduciendo una camioneta, recibió 17 disparos, no hubo heridos, se llevaron la camioneta a Pichucalco, el ahora occiso solicitó al fiscal una protección especial, pero el fiscal regional le dijo que no había elementos. El pasado 3 de septiembre, lo embistió otra camioneta más grande y lo empujaron a un barranco, allí murió Villaney, quien había sido amenazado de muerte en julio pasado.
Traía una camioneta Nissan pequeña, la otra era más pesada, lo sacó del camino, dejó dos hijos, uno de siete años y otro de cuatro, pero hasta ahorita el fiscal regional no ha visitado a la viuda, no hay nada.
“Los compañeros están molestos, es una empresa que tiene el apapacho de gobierno del estado. Tienen miedo de atestiguar, es algo difícil, está metida la secretaría general de gobierno, el presidente municipal de Ostuacán y hasta el de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”, puntualiza Raúl Cervantes Sánchez.
El hondureño Erick Baide dijo que tenía ganas de apoyar a la gente, pero se puso a organizar al sindicato blanco que tiene la empresa con una hoja para que les firmara, a quienes no firmaron los corrieron sin indemnizarlos, por eso “desvincularon” a 158 empleados. La información la pasó una mujer al gerente hondureño, pero a Morales Liévano le importa un comino, pareciera que está en la nómina de la empresa, pero este hondureño no puede meterse en asuntos internos de mexicanos.
“Soy el asesor y líder del sindicato, pero no me puedo parar en aquella zona, si entra mi vehículo, me buscan, me quieren perjudicar, ya me dijeron que me quieren sembrar drogas. A Villaney le ofrecieron medio millón, a mi me ofrecieron dos millones de pesos por vender el movimiento. “Me daban ganar de agarrar esos dos millones, pero son más fuertes mis principios”.
Si ellos pidieran un pago retroactivo, sería entre 720 a 750 millones de pesos, hacen la cuenta, cada trabajador son cuentas de 600 y 700 mil pesos, les han dado menos, de manera maliciosa, pero los trabajadores no se van a dejar. La empresa tiene despidos anuales de 80 a 90 trabajadores, los más conflictivos, la Junta Local acudía a Acuagranjas y allí, convencía de tomar sus raquíticas indemnizaciones.
El síndico de Malpaso está como supervisor en Acuagranjas, de apellido Cancino.
La semana pasada hubo una marcha de trabajadores en contra de los trabajadores despedidos: llevaron gente de Juárez, de Reforma, obligaron a muchos a ir a la marcha, al frente iban los gerentes, los supervisores, sigue explotando a los chiapanecos, ellos detectaron qué abogado los estaba asesorando.
Ahora, el sindicato lo toman como delincuente, no sabemos qué hacer, hay una presión gubernamental, porque Morales Liévano se encargó de amenazar a los trabajadores que los iba a enviar directamente al Amate. “Dejen de estar haciendo pendejadas”, les dice Morales Liévano, en el audio que este reportero tiene.
“A mí Morales Liévano me dijo: hazte a un lado de esto, te garantizo que te vamos a dar una buena lana, no la empresa, sino el gobierno, yo me encargo que el gobierno te reconozca y que el gobernador te agradezca. me quiso sobornar, pero no permito sobornos, tengo principios” sostiene Cervantes Sánchez.
Yo dudo que el gobernador tenga las manos metidas en la empresa, pero tanto Morales Liévano como González Gálvez sí tienen metidas las manos y reciben una lana de la empresa, concluye.
 

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