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Texto: Ainer González y Sergio Melgar
Foto: Redes sociales


En vísperas de la llegada del papa Francisco a Chiapas, alrededor de 55 empresarios protestaron afuera de Palacio de Gobierno, para denunciar públicamente al gobierno de Manuel Velasco Coello, por la falta de pagos que asciende a más de 250 millones de pesos y temen un desalojo violento por parte de vándalos del MOCRI.

Rafael Jiménez Aréchar, empresario chiapaneco, explicó en rueda de prensa que aproximadamente 450 empresarios chiapanecos se han visto afectados por la falta de pagos por parte de Gobierno del Estado, ya que actualmente existe una deuda de más de 250 millones pesos.
Jiménez Aréchar apuntó que en un principio existía una deuda de 106 millones de pesos que quedó registrado en un acta, pero a la fecha se encontraron con más irregularidades financieras y la deuda se aproxima a más de 250 millones de pesos.
“El día 18 de enero del 2016 un grupo de 13 empresarios nos manifestamos por la falta de pagos por parte del Gobierno del Estado, ese día se acercaron autoridades del gobierno para negociar con Humberto Pedrero Moreno, secretario de Hacienda, ahí llegamos a un acuerdo para que vieran que había disposición de los empresarios, que era un tema de desesperación por la falta de pagos”, dijo.
Jiménez Aréchar señaló que en una segunda minuta se acordó que iban a comenzar a pagar a ese pequeño grupo de empresarios y que para el 5 de febrero iba quedar liquidado todo pago.
Comentó que al día de hoy Gobierno del Estado no los baja de ladrones, ya que han tenido la osadía de publicar en periódicos oficialistas que el grupo empresarial pertenece a grupos de delincuencia organizada, a grupos de asociación delictuosa.
“En realidad, lo único que hemos visto es que si existe toda esa organización está al interior de las diversas secretarias del gobierno, que es donde no pagan, donde violan todas las normas y reglas de adquisiciones, hasta la misma Constitución del estado de Chiapas, el código de procedimientos civiles y muchas otras normas que han sido violadas por funcionarios públicos”, detalló.
Recalcó que hay muchos cómplices en el encubrimiento de la información sobre la deuda pública y, dentro de esos cómplices se encuentran los 41 diputados de la anterior y de la actual legislatura, como e l Órgano de Fiscalización Superior, la Contraloría General del Estado y los funcionarios que intervienen en las compras de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.
Jiménez Aréchar pidió la intervención de Manuel Velasco Coello, ya que en su tercer informe de gobierno ha repetido que escuchará, atenderá y cumplirá las demandas de los ciudadanos chiapanecos.
Asimismo, Adrián Pérez Muñoz, de PM Fármacos le adeuda gobierno del estado 60 millones de pesos y a Oscar Constantino Ortega, de empresas Oc, le adeudan 43 millones, es decir, sólo dos proveedores del sector salud suman 103 millones de pesos desde el 2015.
Pérez Muñoz confirmó que por vía redes sociales un grupo de personas se dirige a dirección del plantón con palos, “no sabemos realmente las intenciones, pero vimos hace rato a muchachos con palos revisando nuestros vehículos”.
Indicó que al momento se pueden esperar cualquier tipo de cosas por parte del Gobierno del Estado.
“Si hubiera una voluntad de arreglar el tema de fondo ya lo hubieran hecho, los elementos los tienen, suena muy fantasioso que van a mover un contingente tan grande para callar a un pequeño grupo de empresarios, pero a estas alturas del partido ya no sabemos”, explicó.
Asimismo, Pérez Muñoz destacó que entre el martes 9 y miércoles 10 llegaron auditorias de la Secretaría de Hacienda a nueve compañeros del primer grupo del plantón.
“Esto ya lo tenían orquestado, llegaron auditorias de hacienda y aparentemente hay una intención de descontinuar la iniciativa de los empresarios, pero a estas alturas del partido ya no sabemos qué puede pasar”, dijo.
En entrevista con Código Sur, Oscar Constantino Ortega, de empresas OC, afirmó que desde el 2015 le adeudan 43 millones de pesos de diferentes productos de la secretaría de Salud y no le quieren pagar.
“Del 2012, que estaban validando, pero se supone que el congreso aprobó la cuenta pública, en los periódicos me están acusando de sobreprecios. A mí me compraron de emergencia, por eso no entré a licitación, eran compras de emergencia, fue una venta financiada. Los precios causa que entran a licitaciones, como las del IMSS, son precios muy bajos porque es para todo un año. Lo mío fueron compras emergentes”, afirmó.
“Primero me dijeron que no tenían dinero, luego que iba a intervenir la función pública para que me validaran una compra que tiene más de un año que se hizo”, subrayó.
Constantino Ortega ya cerró sus oficinas, ya que le embargaron sus oficinas por parte del IMSS, eran 18 de planta y 30 empleados eventuales, que se quedaron sin empleo, desde el 2013 a la fecha, y a fines del 2015 tuvo que cerrar oficinas.
Adrián Pérez Muñoz, de PM Fármacos, afirmó en entrevista que le deben 60 millones de pesos, hay de todo: las cantidades mayores son por parte del ISSTECH con licitaciones desde el 2012, del sector Salud, de la Seguridad Pública, y no le quieren pagar.
“Dice que por el momento no tienen el dinero, no han demostrado un ápice de voluntad, han dado puras largas, pero no se ve voluntad de pagar. Hago un llamado al gobernador Manuel Velasco para que tome cartas en el asunto, es impresionante cómo todos están orientados a darnos largas”.
Por último, a Eduardo Pulido Pastrana, representante de la empresa Pulido Salazar, le deben 950 mil pesos, con una licitación, hubo una convocatoria, desde el 2012, en el sexenio de Juan Sabines, pero al principio me dijeron que iban a validar las deudas, nos validó la función pública, y ni así nos pagaron, concluyó.
 

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