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Texto: De la redacción

El diputado federal Diego Valente Valera Fuentes propuso reformar la fracción cuarta del artículo cuatro, de la Ley Minera, para que se considere el ámbar como un mineral y no como una resina fósil, a fin de proteger y regular su extracción en Chiapas, y frenar el saqueo vía la exportación que se ejerce desde hace muchos años en perjuicio de miles de familias de artesanos y que ha generado conflictos sociales en diversos municipios de esa entidad.

El ámbar es una resina vegetal petrificada con una antigüedad de 25 millones de años procedente del árbol llamado Hymenaea Courbaril, leguminosa conocida como guapinol. En México, se extrae únicamente en Chiapas, en los municipios de Simojovel de Allende, Huitiupán, Totolapa El Bosque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantelhó y San Andrés Duraznal; juntos conforman la microregión del ámbar.

Al ser una resina, no se encuentra bajo la regulación de la Ley Minera, reglamentaria del artículo 27 constitucional, es por ello que se plantea esta reforma a este articulo para considerar al ámbar como un mineral y no como una resina, correspondería a la legislatura estatal de Chiapas regular su extracción y comercio. No obstante lo anterior, no existe legislación reguladora sobre la materia, las únicas normas jurídicas que hacen referencia a la extracción y transformación del ámbar son la Norma Oficial Mexicana NOM-152-SCFI-2003 y la Declaratoria General de Protección a la Denominaciónn de Origen para ser aplicada al ámbar y sus derivados (joyas, objetos de arte, entre otros) como piedra semipreciosa de origen vegetal. Ninguna de las normatividades, sin embargo, protegen los derechos humanos de las personas que participan en la cadena productiva del ámbar, pues, por su naturaleza se tratan de normas de carácter técnico.

El diputado Diego Valera Fuentes destaca que el problema significa: "la no existencia de una regulación por parte del Estado en cuanto a la explotación y aprovechamiento del ámbar", ya que los extranjeros se están apropiando de la misma y de su beneficio económico. Además de no ofrecer a los mineros ningún tipo de seguridad laboral ni de pagar precios justos por las altas horas de trabajo en condiciones deplorables. Esto ha venido representando un perjuicio para los mineros mexicanos tanto en su seguridad, integridad, como en su economía.

El legislador chiapaneco aclaró no estar en contra de aprovechar la riqueza del ámbar. Por ello, argumentó que este cambio jurídico busca alentar la instalación de empresas que generen empleos bien pagados para los artesanos que lo transforman en singulares piezas de arte, y evitar que se venda en el exterior con las peores condiciones laborales para las comunidades que lo trabajan. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía para dictamen.
 

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