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Texto y foto: A. Marroquín
Amenazados por la sobrevivencia y la violencia generada por grupos armados, más de cinco mil niños, mujeres embarazadas, ancianos del municipio de Chalchihuitán han sido desplazados por el conflicto de interés con paramilitares de Chenalhó.

Tras 40 años de conflictos territoriales entre los municipios indígenas de Chenalhó y Chalchihuitán, defensores de los derechos humanos, alarmaron que la violencia desataría una masacre, como la de 1997 en Acteal.
A esto, Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), advierte que con el fácil acceso de armas en diferentes comunidades de Chiapas, el terror y la violencia pueden desatar una masacre como la de Acteal, esto por el nulo Estado de Derecho en la zona.
De acuerdo al Frayba “la mayoría de estas personas, familias y comunidades se encuentran desplazadas en las montañas con temperaturas muy frías, en condiciones inhumanas y otras se albergan en la cabecera municipal de Chalchihuitán”.
Señala que como consecuencia del desplazamiento forzado, hay personas enfermas especialmente recién nacidas, niños, niñas, ancianos y ancianas, como la existencia de 114 mujeres embarazadas que necesitan atención médica urgente.
Solapando a Chenalhó
En entrevista, Domingo Díaz Pérez, habitante de Chalchihuitán, mencionó que a dos semanas de solicitar el cese de la violencia y represión del pueblo de Chenalhó, el Estado ha mantenido una actitud de solapamiento con la presidencia municipal de Pérez Pérez, ya que persisten los ataques con armas de fuego.
“Favoreciendo y solapando los bloqueos sin darle importancia, tomando las consecuencias que hay. Aunando de esto, durante estos 11 días han intensificado los disparos de armas de fuego de alto calibre y revuelto con detonaciones bombas, que desconocemos de bombas, porque cada noche hay bombazos”, dijo.
De esta forma, puntualiza que ante el incremento de la violencia, la falta de alimentos y servicios, la población indígena ha empezado a huir, ya que Chalchihuitán se encuetra secuestrado por el municipio de Rosa Pérez.
“La principal agresión que intensificó fue el secuestro, es que el de Chalchihuitán están secuestrado porque Chenalhó bloqueó las principales tres principales entradas y salidas de Chalchihuitán, lo cual vino afectar la salud, la educación”, recordó.
Relata que actualmente hay más de 5 mil desplazados, “han perdido sus hogares tras ser incendiados y hasta hoy se registran dos víctimas desde que comenzó el conflicto”.
Para finalizar, sostuvo que esperarán una respuesta de la liberación de las carreteras, “somos un grupo de 100 personas en conjunto con las autoridades de la asamblea general del pueblo, estamos pidiendo atención por las agresiones de Chenalhó que sufrimos”.
Libre tránsito
Respecto a la negación de los derechos humanos, Eduardo Flores Mendoza, coordinador del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCh), explica al obligar con violencia a los indígenas para abandonar su lugar de origen, se le quita el derecho al libre tránsito, acción que no debe ser reprimida.
“Que la gente sea desplazada es para ricamente quitarle el derecho al libre tránsito y a vivir en el lugar que quieren, que es un derecho fundamental de toda persona. Entonces el llamado a las instituciones es a fortalecer los vínculos con la sociedad”, dijo.
Sin embargo, ante la nulidad del gobierno estatal recalcó que a este se le complica presentar un accionar ante tal problema territorial, puesto que existen acuerdos que se erigen a través de usos y costumbres.
“Creemos que es un ambiente para el estado en dos sentidos, uno en que los usos y costumbres están muy arraigados en sectores de la población, específicamente geográfico en Los Altos y eso complica el actuar de las instituciones”, declaró.
A lo anterior, refirió que lo más importante es hacer ver a la sociedad sobre del desconocimiento las instituciones y a la vía legal, cual es la adecuada para arreglar los problemas entre la población, donde está tendrá un proceso si las instituciones se legitimizan.
Pero al no legitimar la autoridad su responsabilidad, señaló que “esto es muy peligroso, cuando la sociedad empieza a desconocer a las instituciones como el medio legal para acceder a la justicia, nos parece que se vuelve muy peligroso porque habla de un momento en el que las instituciones están muy débiles, y no puede haber una democracia sana o una convivencia en paz si las instituciones no están fortalecidas, y la democracia es fundamental para los desarrollos de la paz”.
Derechos políticos
Respecto al acceso a las comunidades, para presentar un cambio rotundo, el delegado del INE en Chiapas, José Luis López Vázquez, apuesta que será el derecho político un intermediario para que el conflicto llegue a una solución.
Con la integración del Distrito V, subraya que buscarán proteger el derecho de los indígenas al voto, pese a las particularidades que presenten los municipios.
“La convicción que tenemos nosotros es la protección de los derechos políticos, la gente tiene derecho a votar, más allá de los problemas válidos y las agendas particulares que tengan los pueblos o los individuos, que también es parte de ser ciudadano, el derecho a votar y el instituto lo va a proteger”, declaró.
Sin embargo, puntualiza que el tema tiene que ser revisado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Gobierno del Estado.
“Es un tema que ya estamos revisando con las autoridades del IEPC y también con las autoridades del gobierno del estado”.
“Esa esa es la pretensión, nosotros vamos por la instalación, estamos trabajando para eso, no es un tema que sea exclusivo de nosotros, no está en las manos del INE, si no que tenemos que concurrir con otras instituciones para solucionar este tema”, apuntó.
Familias
Respecto al número de habitantes, Frayba señala que en las comunidades de Ch’en Mut hay 700 personas desplazadas, 120 familias, 8 mujeres embarazadas; Pom más de 2000 personas, 436 familias, 100 mujeres embarazadas; Tzomolton 800 personas, 107 familias, 6 mujeres embarazadas; C’analumtic 600 personas, 191 familias; Bejelton 150 personas, 30 familias; Tulantic 350 personas, 50 familias; Vololch’ojon 150 personas, 40 familias; Cruz c’ac’al nam 200 personas; Cruz ton 73 personas ,20 familias desplazadas.
Ante la nula intervención del Gobierno del Estado de Chiapas, menciona como “clara la responsabilidad de los distintos niveles del gobierno que han permitido que esta situación se torne de emergencia humanitaria. Además se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades en atender las causas y los efectos de la violencia.
A lo anterior, agrega que se ha enviado una solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli Corpuz y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los desplazamientos Internos Chaloka Beyani ambas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 

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