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Texto y foto: A. Marroquín


Menos de un sexenio bastó para que la empresa industrial “Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V”., afianzara otros seis años en las inmediaciones de Chiapa de Corzo, a pesar del daño ambiental y de salud pública que ha ocasionado por medio siglo en el estado.

Pese al impacto hacia el Cañón del Sumidero y a pobladores de la Rivera Cahuaré, legisladores, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), coinciden que el problema no es de competencia estatal ni federal, sin embargo, reconocen que sí existe daño en el inmueble natural y exceso de contaminantes en el aire, ocasionado por el uso de explosivos para la extracción de material pétreo.
Y es que a pesar de las denuncias registradas ante la Profepa, el titular de la dependencia Jorge Constantino Kanter, señala que ante la mala calidad del aire en la Rivera de Cahuaré, los contaminantes en la atmósfera no rebasan los estándares permisibles por las leyes ambientales.
“En el tema de la contaminación de la atmósfera, hay resultados hechos por Profepa donde no se rebasan los límites permisibles por emisiones de la atmósfera”, menciona.
Se ha actuado de manera imparcial
Respecto al daño ambiental en el Cañón, aclara que el sector privado dejó de extraer material, dejando a su vez material explosivo, donde sus trabajos al día son realizados a través del traslado de material a sus instalaciones; ya que la industria y la extracción son cosas diferentes.
“De que se esté extrayendo piedra caliza, no se está extrayendo piedra caliza, de que se estén usando explosivos, no se están usando, la calera ha estado trabajando con material que le están llevando de otro sitio, una cosa es la extracción de material pétreo para la fabricación de piedra caliza y otro es la planta que transforma la piedra en caliza. La industria es una cosa y la extracción hay otra”, asegura.
Ante las denuncias por los habitantes de Cahuaré, resalta que están en su derecho de manifestar su inconformidad, como los tiene la empresa, por lo que se acordó su traslado a Suchiapa en un tiempo no definido.
“Si bien es cierto que existe un malestar no está la situación como estaba hace unos años, porque se ha ido atendiendo. Hay una parte de la sociedad aledaña a la industria que se queja de contaminación y están en todo su derecho, y que tienen derechos y la industria también tiene derechos, consideramos que se ha actuado de manera imparcial”.
“Se llegó al punto de estar presentes todas las dependencias involucradas tanto locales como federales y ahí es donde se encontró la alternativa donde se dejarán de usar explosivos, se dejó de extraer material pétreo y la empresa tiene convenio a nivel federal donde se va a retirar del sitio pero ocupa un tiempo para hacerlo”, abunda.
Recuerda que el último procedimiento donde intervino la Profepa, se dio a raíz de que la calera hizo cambio de uso de suelo a través de una brecha, por lo que se les suspendió y sancionó por “600 y fracción de miles de pesos”.
Rivera Cahuaré
María Alejandra Aldama Pérez, habitante de la Ribera Cahuaré en el municipio de Chiapa de Corzo e integrante del Comité Promejoras, señala que por más de 50 años la calera ha emitido contaminantes a la atmósfera, siendo el polvo, humo, cal y el ruido una de las mayores constantes.
Ante esta situación, comenta que empezaron a denunciar ante la Semarnat, Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Semahn, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Protección Civil, pero no han obtenido respuestas por parte de las instituciones mencionadas, por lo que recurrieron al Gobierno del Estado y a la Presidencia de República, pero la situación sigue siendo la misma.
Destaca que la lucha ante estos problemas empezó en marzo del 2002, por lo que afortunadamente han tenido el apoyo de la comunidad, de los agentes municipales que ha habido, sin embargo, de los casi 2 mil habitantes dentro de la comunidad hay personas que están en contra de la lucha, –alrededor de 20 jefes de familia– ya que trabajan dentro de la calera, así como de un grupo de personas apáticas.
De esta forma, indica que en una próxima reunión con las instituciones ambientales y con la calera sabrán si ya se cuenta con un permiso para laborar en Suchiapa, por lo que la empresa presentó un proyecto de retiro de 1005 días (tres años), como plazo de retirarse de Cahuaré, sin embargo, los habitantes no están de acuerdo con tal proyecto.
Asimismo, asegura que la empresa calera almacena 122 toneladas mensuales de consumo de petcoke –sólido derivado del proceso de craqueo y derivados de carbón- que sirve para la gasificación de materia prima, lo que genera lixiviados para el suelo.
“No tenemos facultades”
Asimismo, en octubre de 2016 el ex titular de la Semahn, Carlos Morales Vázquez, dio a conocer que la dependencia no cuenta con las facultades para intervenir, ya que este caso es de ámbito federal, pero, reconoció que la empresa ha ocasionado daños al Cañón del Sumidero, ya que por 50 años se ha extraído material pétreo.
Por lo anterior, asegura que Cales y Morteros del Grijalva actualmente se encuentra en trámites para el cambio de ubicación, ya que el banco de extracción fue clausurado por extraer material de las paredes del Cañón del Sumidero, pero a 14 meses de su declaración el sector privado sigue laborando con normalidad en la Rivera de Cahuaré.
“La calera no es tema, porque nosotros no tenemos facultades, la parte del proceso, del uso, del triturado es del ámbito federal, nosotros lo único que tenemos es atribuciones sobre el aprovechamiento del material pétreo, o sea disponer de él”.
“Esto está clausurado, la empresa ya no está extrayendo ahí, compran material de otro lado, estamos trabajando con la empresa, junto con las dependencias aunque nuestras facultades ya están limitadas, pero están participando las delegaciones federales para autorizarme permisos para el traslado y la mudanza hacía otro lugar”, detalló.
Menciona que de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM), se constataron que sí existen afectaciones en las paredes del cañón, por lo que prohibieron a la calera el uso de explosivos para la extracción de material, sin embargo, esta sigue operando para la parte industrial, donde se lleva a cabo la trituración de piedras para hacer cal.
“Esta es una atribución federal que tiene que regular esto, pero aun así sabiendo ya el daño que se hizo, porque sí hay un daño ambiental ahí que reconocemos, que es de 50 años que está la empresa ahí, ya estamos en el proceso de muda en un acuerdo con la empresa”, mencionó.
Hay instituciones para eso
Respecto al tema, Dulce María Rodríguez Ovando, legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), —partido que ha remarcado “que el que contamine pague y repare el daño”— reconoce que existe un problema ambiental en la zona, pero desde su bancada no abundan el tema ya que existen dependencias encargadas de velar por el caso.
“No quisiera yo abundar sobre ese tema, desde luego hay instituciones que deben de vela por ese tema, mi persona no me compete; hay instituciones para eso”, precisó.
Al cuestionarle su labor en el Congreso del Estado, remarca “bueno, desde nuestras diferentes comisiones estamos trabajando y legislando a favor de los chiapanecos, cada quien está haciendo su trabajo y lo que podemos hacer lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”.
Actos de corrupción
En el 2015 la Semarnat anunció la destitución e inhabilitación de Rodolfo Tamayo Ruiz, subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales en Chiapas, por haber violado principios como legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, donde favorecía a Cales y Morteros de Grijalva trabajar sin licencias de extracción por el periodo 1999-2009.
A través de un documento, la Secretaría del Medio Ambiente señala “a efecto de ejecutar la resolución administrativa de fecha 17 de julio del 2015, dictada por el Órgano Interno de Control en esta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se determinó que el C. Rodolfo Tamayo Ruiz, es destituido del cargo consistente en una inhabilitación temporal para desempeñar empleos; cargos o comisiones en el servicio público federal por un periodo de 10 años”.
En la misiva se señala que dicha determinación se tomó con el propósito de que “impere invariablemente en los servidores públicos una conducta digna que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad”.
No hay autorizado para extracción
A su vez, Amado Ríos Valdés, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informa que se presentó una demanda penal en contra de Cales y Morteros por presunto daños en el Cañón del Sumidero.
El funcionario explica que la denuncia es contra la empresa, donde se busca una solución judicial al problema ambiental que causa en el Área Natural Protegida (ANP), ubicada en la capital del estado y en Chiapa de Corzo.
Ríos Valdés apunta que la empresa chiapaneca ha realizado un proceso de extracción de rocas para su transformación desde 1960, que ha generado una fractura del suelo y oquedades.
El funcionario agrega que existen riesgos de que se genere una mayor degradación, por ello, la urgencia de que se evite una mayor extracción de rocas calizas en Cachuaré, en el municipio de Chiapa de Corzo.
Determina que la Semarnat no ha autorizado la extracción de material en ese sitio, donde en 1980 se decretó el Parque Nacional Cañón del Sumidero, y que esa autorización fue realizada por el Gobierno del Estado de Chiapas en la década de los sesenta.
 

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